¿NO LES PARECE ESTO, ADMINISTRACIÓN DESLEAL?
Hemos tenido tres reuniones con el Presidente de la
Comunidad de Propietarios en los últimos dos meses: el 28 de agosto, el 12 y el 17 de septiembre, además estábamos pendientes de una reunión para
temas económicos. Habíamos expuesto una serie de cosas mínimas para que la
gestión de las zonas comunes mejorara, entre ellas:
1. Extinción
del contrato laboral de la administrativa (María Rivera).
2. Extinción
del contrato de la actual asesoría jurídica del sr. Bethencourt, a la par,
secretario de la Comunidad de Propietarios.
3. Exigir
a la empresa explotadora, que ingrese mensualmente las cuotas de los 180
apartamentos en explotación turística, en la cuenta de la comunidad al efecto,
como hacemos el resto de los propietarios.
4. Cambiar
a nombre de la Comunidad de Propietarios, todos los contratos y facturas que
abona la empresa explotadora y que paga después la comunidad.
5. Contabilizar
facturas originales y no fotocopias, como se sigue haciendo.
6. Exigir
a la empresa explotadora, que el personal que abona la Comunidad de Propietarios,
se dedique en exclusiva, durante su jornada de trabajo, a las zonas comunes.
7. Que
no permita la colocación de cámaras de vigilancia para las piscinas, y mucho
menos, con el propósito de sustituir la presencia de socorristas por dichas cámaras,
se dio lectura al texto del Decreto 119/2010.
Los puntos 3, 4 y 5, anteriores son muy importantes y tienen
efectos muy negativos para el complejo, ya que puede hacer que la empresa
explotadora, contabilice como gastos propios, los que son de la Comunidad de
Propietarios: personal (más de 400.000,00€ al año), facturas de gastos
generales (Unelco y otras por más de 100.000,00€ al año), lo que le llevaría a
declarar pérdidas.
Este hecho, la declaración de pérdidas, está afectando a los
sueldos de los trabajadores del complejo, pues les han congelado sus salarios
desde 2008 (aunque la comunidad sigue presupuestando el salario de estos
trabajadores según convenio más un 3%), y dejado de abonar sus pluses, y
también afecta a los propietarios que tienen su propiedad en explotación
turística, a los que han firmado un nuevo contrato, en el que se compromete la
empresa explotadora a abonar sólo 8 meses al año, si declaran pérdidas, con lo
que se ahorraría de pagar a dichos propietarios, la cantidad anual de 1.200,00€
por cada uno, si lo multiplican por 180 apartamentos, estamos hablando de la
nada despreciable cifra de 216.000,00€.
En la última de estas reuniones, le pedimos explicaciones al
Presidente sobre si había tomado en consideración alguna de nuestras peticiones,
siendo su respuesta negativa a todas ellas y comunicándonos que ya se estaban
instalando las cámaras de vigilancia de las piscinas y que las pagaba la
Comunidad de Propietarios, y decidimos dejar de reunirnos, porque veíamos como
todo era una tomadura de pelo, por parte del mandatario de la comunidad.
Ayer, miércoles 2 de octubre, pusieron en marcha las
cámaras, con un monitor ubicado en el escenario de la piscina principal, justo
al lado del Bar Piscina. Un monitor que controla las cuatro piscinas, y
seguimos viendo que los socorristas hacen de jardineros, que no hay socorristas
en todas las piscinas, como determina dicho Decreto.
Esta Junta Rectora, como la empresa de explotación turística
Inversiones Jardín Tropical, S.L. (I.J.T.,S.L.), que tanto exigen el
cumplimiento de la ley a todos los propietarios, no utilizan el mismo rasero,
cuando se trata de ellos.
El Decreto 119/2010, de 2 de septiembre, que modifica
parcialmente el decreto 212/2005, de 15 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento sanitario de piscinas de uso colectivo de la Comunidad Autónoma de
Canarias, no les permite sustituir socorristas por cámaras y monitores, como se
explicó en el post publicado el pasado miércoles 18 de septiembre, donde
incluimos parte del artículo 34 del citado Decreto.
Hay cosas que se nos hace imposible entender, por una parte,
el empeño de esta Junta Rectora, en subvencionar los gastos propios de la
empresa explotadora, ya es hora de preguntarse, ¿qué intereses inconfesables
debe haber detrás de tanto desatino? ¿Por qué ese empeño en que sea la
Comunidad de Propietarios la que pague este personal? Y por otra, ¿Cómo permite
que se sustituya personal socorrista por cámaras y monitores?, saben que el
decreto es claro y concreto en este tema, art. 34, apartado 3.”Las piscinas de uso colectivo contarán al
menos con la presencia de un socorrista durante el horario de funcionamiento”.
Esto, les convierte en cómplices de esta ilegalidad, y más aún, ¿Por qué se
carga a la Comunidad de Propietarios, el gasto de esta instalación? Si no ha
sido aprobado en ninguna Asamblea General de Propietarios y a la Comunidad le interesa más que haya personal socorrista en cada piscina, que cámaras y monitores.
Tanto compadreo, sólo puede tener una explicación, que esta
Junta Rectora se preocupa más de los intereses de la empresa explotadora, que
de los intereses generales de la Comunidad de Propietarios, hasta el punto de
infringir la ley para beneficiarla.
¿Piensas seguir de brazos cruzados?.
¿Acaso crees que estas cosas se solucionan solas?
¡¡¡Únete a nosotros y luchemos juntos por nuestra
propiedad!!!
Comentarios