NI CASO A LA POLICÍA LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA.
El pasado 20 de mayo publicamos, en este mismo blog, como
miembros de esta familia de empresarios explotadores turísticos, que son
propietarios de varias empresas de este sector: Argo Consulting S.A., Eudacan
S.L., Puntualcan S.L. Inversiones Jardín Tropical S.L. y Ura Hotels &
Resorts S.L., y que ahora controlan y gestionan la comunidad de propietarios de
apartamentos y locales comerciales de complejo turístico Jardín del Atlántico, el
padre (presidente), la madre (tesorera) y la hija (vicesecretaria), alguno de
ellos había sido denunciado en el ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana por
la construcción ilegal en zonas comunes y que habían quebrantado tres Actas de
Precinto de paralización de obras.
Hoy informamos que la empresa Ura Hotels & Resort S.L.,
propiedad de dos de los miembros de esta familia, el sr. Goizeder Arteche
Echaniz y dña. Maialen Arteche Echaniz, han solicitado licencia de obra menor
en el ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, para sustitución de
instalaciones eléctricas y fontanería y demolición de tabique de 40
apartamentos, licencia que, de momento, está denegada y por tanto, no tienen
permiso de obras, lo cual hemos denunciado en el citado ayuntamiento, ya que
ellos no sólo han comenzado dichas obras, sino que al requerimiento de la
policía local de que las pararan, no han hecho ni caso.
El pasado viernes, nos recibió el concejal delegado de
urbanismo de este ayuntamiento, D. Fernando González Montoro, quien nos
confirmó que la policía local volvería a personarse en el complejo y a
requerir, con levantamiento de acta, la orden de paralizar las obras y que en
caso de incumplimiento, aportarían dicha acta al ministerio fiscal.
Ayer lunes día 21 de agosto, siguieron realizando las obras
en cuestión.
Esta familia, que tiene en fiscalía, en Las Palmas de Gran
Canaria, tres expedientes de quebrantamiento de precinto municipal, por no
respetar la paralización de las obras, ahora se niegan a parar estas obras en
40 apartamentos, por orden de la policía local del ayuntamiento de San
Bartolomé de Tirajana. Esto ya no es un caso excepcional, al parecer, se ha
convertido en la forma habitual de hacer las cosas, su política de hechos
consumados.
¿Hasta cuándo la administración va a permitir este tipo de
abusos y desprecios a la autoridad? ¿Es que no somos todos iguales ante la ley?
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